Un proyecto de desregulación inmobiliaria ya genera controversia: libertad comercial versus seguridad jurídica

Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional del PRO, Alejandro Bongiovanni, busca transformar el mercado inmobiliario en Argentina al eliminar la obligatoriedad de contar con título universitario o matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario.

Denominada “Ley de libertad inmobiliaria”, la iniciativa propone que cualquier persona pueda operar sin restricciones geográficas, negociar honorarios libremente y sin la necesidad de inscribirse en registros o cámaras del sector. Además, suprime la capacidad sancionadora de los colegios profesionales, a los que el legislador acusa de mantener un “monopolio” en la actividad.

En diálogo con el diario Clarín, Bongiovanni explicó que el objetivo es redefinir la intermediación inmobiliaria como una actividad comercial accesible a todos. “Lo que intento hacer con el proyecto es volver a poner la intermediación inmobiliaria en el ámbito comercial, que es el ámbito nacional. Quitarle regulación para que la pueda realizar cualquier persona”, afirmó. El diputado también cuestionó el rol de los colegios profesionales: “Para mí los colegios profesionales en general no me gustan demasiado. Con el inmobiliario tengo un problema, ya que la actividad inmobiliaria, desde mi concepción, es una actividad comercial más”.

Funciones y críticas

Bongiovanni defendió la desregulación citando ejemplos internacionales como España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde, según él, la libertad en el mercado inmobiliario ha funcionado. “No creo que los colegios sirvan para prevenir estafas. Las estafas van a seguir sucediendo siempre”, aseguró, y añadió: “Si hay una estafa, igual vas a terminar en la Justicia. Los colegios no tienen poder para indemnizar. Lo que hacen es sacar matrículas, pero no te resuelven la estafa. Entonces, ¿por qué una persona no puede vender en cualquier parte del país? ¿Por qué cualquiera no puede vender una propiedad? Somos argentinos en toda la Argentina”.

Sin embargo, la propuesta generó fuertes críticas desde diversos sectores. La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), liderada por su presidenta Nancy Vieitez, alertó sobre los riesgos de la desregulación. “La experiencia internacional demuestra que donde se intentó eliminar los controles, los efectos fueron negativos. Esta iniciativa no solo pone en riesgo al consumidor, sino que deteriora la calidad del servicio, fomenta la competencia desleal, aumenta los fraudes y debilita uno de los mercados más importantes de la economía”, afirmó. Vieitez citó el caso de España, donde la falta de regulación llevó a un panorama “desastroso: malas prácticas y burbuja inmobiliaria”, y señaló que países como Japón y Alemania exigen formación y registros obligatorios. “Vender una propiedad no es simplemente mostrar una casa. Implica asumir responsabilidad jurídica y profesional”, enfatizó.

Por su parte, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT) ya se había pronunciado en contra de iniciativas como estas, argumentando que atenta contra el marco legal vigente. “La Constitución de la Provincia de Tucumán establece la obligatoriedad que los profesionales tengan una matrícula habilitante otorgada por su colegio profesional creado por ley. Contar con título universitario y matrícula habilitante activa es garantía de trabajo seguro y responsable. El ejercicio sin matrícula es una transgresión a normas legales nacionales y provinciales y se estaría incurriendo en un atentado al orden público. El ejercicio profesional sin matrícula es un delito, el cual debe ser denunciado”, expresó la FEPUT.

Posturas contrapuestas

La CIA propuso una alternativa para modernizar el sector sin comprometer la seguridad del consumidor. Esta incluye la creación de un Registro Nacional de libre jurisdicción, la implementación de un sistema MLS nacional transparente, la legalización de la figura del agente inmobiliario auxiliar bajo supervisión y la posibilidad de que estos agentes operen como monotributistas sin caer en la informalidad. “El consumidor tiene derecho a elegir, pero también a estar protegido. No cualquiera puede intermediar en algo tan importante como la vivienda de una familia”, subrayó la entidad.

Bongiovanni, por su parte, destacó la evolución del mercado inmobiliario: “Hoy las inmobiliarias tienen vendedores que son influencers o personas con buen manejo de redes. Después terminan firmando uno o dos martilleros. El negocio ya está horizontalizado”. Sin embargo, desde la CIA insisten: “Desregular no es sinónimo de modernizar, es sinónimo de desproteger. No hay libertad sin responsabilidad, ni modernización sin estándares mínimos”.